MP no descarta requerimientos en caso de detectar delitos electorales

El Ministerio Público (MP) y el Tribunal de Justicia Electoral investigan una ola de denuncias sobre la presunta inconsistencia de centenares de actas electorales en el marco de las elecciones generales en Honduras.

La Unidad Especial de Delitos Electorales del Ministerio Público recibió hasta ayer lunes al menos 18 denuncias de hechos cometidos durante el proceso electoral en todo el país.

Candidatos a diputados, principalmente del Partido Salvador de Honduras, han venido denunciando inconsistencias en varias actas de votación para favorecer a aspirantes que estarían quedando fuera del Congreso Nacional.

“Ya tenemos establecida una estrategia de investigación y persecución penal contra quienes hayan cometido delitos electorales”, manifestó Lorena Cálix, vocera del Ministerio Público. La portavoz de la Fiscalía añadió que “el Código Penal establece penas de hasta seis años de cárcel, evidentemente cada caso es particular y la individualización depende de algunas circunstancias que pueden agravar o simplificar el proceso para quienes resulten culpables de tales delitos”.

“No sabemos todavía qué va a pasar, mientras avance el proceso seguiremos respetando la presunción de inocencia, pero en caso de hallar indicios de culpabilidad el Ministerio Público se va a ir con todo para sentar un precedente. No descarto que haya requerimientos en caso de encontrar indicios, las instrucciones a los fiscales asignados es no quitar el dedo del renglón y hacer todo posible en indagar si cometieron delitos electorales”, apuntó.

El Ministerio Público de Honduras anunció el pasado viernes que abrió una investigación de oficio sobre supuestas adulteraciones de actas de votos y solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) respaldo documental y electrónico sobre el tema.

El Ministerio Público señaló que es obligación del Estado garantizar el libre ejercicio del sufragio y respetar la voluntad del pueblo hondureño, por lo que corresponde a ese organismo “el ejercicio oficioso de la acción penal pública”. Además, tiene la coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense.

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