Víctimas de incendio en Feria del Agricultor exigen indemnización

Víctimas de incendio en Feria del Agricultor exigen indemnización

A cuatro años de la trágica explosión de un chimbo de gas LPG, la cual desencadenó un devastador incendio en la Feria del Agricultor y el Artesano, familiares y víctimas de las personas quemadas exigen responsabilidades legales a las autoridades competentes.

Un informe de la Asociación de Afectados en la Feria del Agricultor y el Artesano, integrada por unas 40 personas que demandan justicia, indica que hasta la fecha los procesos investigativos del caso no han dado los resultados que esperaban las víctimas.

En el documento se señala que no se ha podido atribuir algún tipo de responsabilidad por negligencia a las instituciones encargadas de velar, tanto por el comercio, como por la supervisión de los “chimbos” de gas.

El caso se volvió emblemático porque en el incidente del 20 de febrero del 2015, unas 11 personas fallecieron casi de forma instantánea y al menos 49 individuos, entre niños y adultos, quedaron con severas quemaduras en las extremidades de su cuerpo.

Según los afectados, buscan sentar un precedente y que la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Industria y Comercio y el Cuerpo de Bomberos supervisen de mejor manera el comercio y uso de los chimbos de gas.

NO HAY UNA RESPUESTA

El apoderado legal de las víctimas de la feria, Rony Flores Rodríguez, manifestó que “en el mes de septiembre del 2015, se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público (MP), para que presentara los requerimientos fiscales contra los responsables de las instituciones encargadas de vigilar, controlar y regular el uso de los chimbos de gas”.

Lamentó que no han recibido una respuesta sobre el caso y advirtió que “los afectados y afectadas están desesperados porque quieren ver justicia”.

Flores hizo un llamado al MP para que agilice el proceso, ya que apelan por buscar responsables que respondan ante los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y violación de los deberes de los funcionarios, a causa de la inobservancia de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), la Ley de Municipalidades, y la Ley del Cuerpo de Bomberos, además del reglamento técnico centroamericano de recipientes.

 

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